Comunicación

La Plataforma de Contratación publica la licitación para la construcción de 24 viviendas sociales

viviendas sociales
La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy la licitación de la obra para la construcción de 24 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes en Almendralejo, con un presupuesto de 2.258.345,28 euros (iva incluido), y con un plazo de ejecución de 22 meses. Las empresas interesedas disponen hasta el 27 de junio para presentar su oferta. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó la contratación de estas obras a finales del mes de abril, enmarcadas en el el Plan Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Las obras se llevarán a cabo en terrenos propiedad del Ayuntamiento que fueron cedidos a la Junta de Extremadura en 2010, concretamente en la calle Clara Campoamor. La 

Se construirá una superficie total de 3.151 metros cuadrados. El edificio es de seis plantas, con cuatro viviendas por cada una de ellas. Habrá también una planta sótano destinada a 24 plazas de garaje y cuartos de instalaciones. Del total, 23 inmuebles tienen 80 metros cuadrados que se distribuyen en salón, cocina, lavadero, distribuidor, baño y tres dormitorios. Uno de los pisos de la planta baja es adaptado, con una superficie de 57,20 metros cuadrados que se distribuyen en salón-cocina, lavadero, distribuidor, baño y dos dormitorios.

Se incrementa así el porcentaje de viviendas protegidas para colectivos especialmente vulnerables en nuestra ciudad y, además, esta medida permite contribuir a la construcción de edificios con enfoques integrales, de modo que la mejora de la eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovable se acompañen de una mejora de la accesibilidad, conservación, mejora de la seguridad de utilización y la digitalización de los edificios.

Disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho fundamental que recoge la Constitución española y que las administraciones públicas deben promover, diseñando las acciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, ya que la vivienda se erige como un principio rector de la política social y económica reconocido a nivel jurídico en el derecho internacional.

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